En las últimas horas y en oportunidad de encontrarse en Mercedes el diputado Eduardo Rubio, el edil Héber Scirgalea hizo entrega al mismo de documentos que tienen que ver con las situaciones que se han venido dando tanto en el Hospital regional Mercedes como en el de Dolores y han sido denunciadas en distintos ámbitos.

El hecho, según se puede presumir se dio ante el silencio de la justicia en torno a este tema.

En diálogo con Crónicas el legislador manifestó que estuvo hablando con Rubio por espacio de una hora explicándole la situación de estos centros de salud y le entregó los  elementos que fundamentaban la denuncia realizada.

Recordó en ese sentido que su exposición en la Junta Departamental poniendo sobre la palestra pública lo que estimó se trataría de una situación de conjunción de interés público y privado concretamente en el servicio de urgencias y emergencias la realizó el 6 de junio de 2016.

En esa ocasión el edil solicitaba que se diera pase a la justicia la situación que se observaba  en los centros de salud pública por entender que se estaba incurriendo en delito.

En un pasaje de su exposición informaba que “El 20 de febrero de 2015, como resultado y conclusiones a que se llegó después de una auditoría llevada a cabo en el mes de octubre de 2014 por los servicios tercerizados, el Cr. Héctor Garbarino como Gerente Administrativo de ASSE solicitó informes al Hospital por entender que para las contrataciones no se estaba cumplimiento con lo establecido al respecto a la capacidad para contratar y a la conjunción de interés público y privado.

En el mes de marzo de 2015, la funcionaria y socia de la empresa prestadora de servicios presenta una constancia de que había cedido sus cuotas sociales. Este hecho nuevo es elevado a la División Jurídica Notarial de ASSE para consultar por la contratación de la empresa de referencia, la que responde que estaría impedida de contratar a la empresa, que podía ser habilitada para futuras contrataciones, teniendo en cuenta un previo estudio caso por caso para descartar así las situaciones de incompatibilidad previstas en el TOCAF.

Es de interés aclarar que el profesional al cual esta funcionaria le cedió las cuotas sociales cumple funciones de médico en el servicio de Emergencia del Hospital, y dependía jerárquicamente de la Directora.

No obstante en la Emergencia del Hospital trabajan como funcionarios de ASSE profesionales que también poseen cuotas sociales en la empresa contratada.

El 1 de diciembre de 2015 y como consecuencia de una sugerencia de la Dirección Jurídica, el Gerente General dispone se lleve adelante una investigación administrativa que esté relacionada al pago de facturas de la empresa prestadora de servicios.

El funcionario público que actuó como instructor en la investigación, sugirió sumario administrativo para la funcionaria antes referida, denuncia penal y se depositara el importe de las facturas en el Juzgado hasta que se resolviera el tema, habiendo sido compartido por la Dirección de División Contencioso de ASSE, con la diferencia que dispuso el pago de referencia previendo posibles reclamos. 

Por motivos que desconocemos, el Directorio de ASSE dispuso el cese con fecha 2 de marzo de 2016 del instructor de la investigación administrativa, cosa que nos llama poderosamente la atención”.

Recordó Scirgalea que el  7 de junio, y según rezan comprobantes que obran en su poder la denuncia entró a Fiscalía y a Jefatura de Policía de Soriano.

Al no tener novedades, sostuvo, el 27 de julio presenta la denuncia penal en el Juzgado Letrado; el 2 de febrero de 2017,  lo citan, ratifica la denuncia. Estuvo en la sede judicial por espacio de dos horas por lo menos con el Juez y la Fiscal y el expediente permanece aún allí.

En aquella oportunidad se le habría informado que pedirían más información a ASSE pero el legislador desconoce si lo hicieron o no.

Se le entregó a Rubio, la exposición de la Junta Departamental, los Oficios que ingresaron a Fiscalía y Jefatura de Policía, con fecha y sello y  el decreto de ASSE donde aparecen los funcionarios, muchas de ellas jerarquías, sumariadas, algunas separadas de sus cargos.

Según lo que se ha podido saber la denuncia penal surge porque desde el 6 de junio al 27 de julio no se tenía ninguna información sobre los resultados de la misma.

El legislador de Unidad Popular viene trabajando para solicitar la conformación de una comisión investigadora por los temas de público conocimiento referidos al FONASA y lo que se estima sucederá es que Scirgalea  será llamado en algún momento a dar cuenta de estas otras irregularidades ocurridas en Soriano. No obstante habrá que esperar para ver cómo sigue esta situación dado que interpreta que se está favoreciendo a un corporativismo de empresas que son propiedad de profesionales médicos.